Muerte de preso en Ponta Grossa no fue suicidio, señala investigación; familia demanda justicia

La muerte de Patrick Carlos Rodrigues, de 33 años, encontrado sin vida dentro de una celda de la Penitenciária Estadual de Ponta Grossa II (PEPG II), ha ganado nuevos despliegues. Según el abogado de la familia, Gustavo Madureira, la investigación de la Policía Civil concluyó que el detenido fue víctima de homicidio, descartando la hipótesis de suicidio. El Ministerio Público del Paraná (MPPR) presentó denuncia contra otro preso, identificado como Leandro de Oliveira, acusado de provocar la muerte por ahorcamiento.

El caso ocurrió el 28 de agosto de 2026, en la unidad penitenciaria ubicada en la región de Colonia Dona Luiza, en Ponta Grossa. Al principio, las circunstancias de la muerte no se habían aclarado públicamente. Con el avance de las investigaciones, los elementos reunidos por la Policía Civil fundamentaron la denuncia criminal presentada a la Justicia.

El abogado Gustavo Madureira, que representa a los familiares junto al abogado Matheus de Quadros, divulgó un pronunciamiento sobre el progreso del caso y las medidas que se están adoptando.

"Después de una extensa investigación, la Policía Civil constató que no se trata de suicidio, sino de homicidio", afirmó Madureira.

Según el abogado, las pruebas fueron remitidas al Ministerio Público, que presentó la denuncia, posteriormente recibida por la Justicia.

La Fiscalía asegura que la víctima fue asesinada mientras dormía

Según la denuncia presentada por la 10a Fiscalía de Justicia de la Comarca de Ponta Grossa, el crimen habría ocurrido alrededor de las 3:30 del día 28 de agosto, en el interior de una celda ubicada en la cuarta galería de la penitenciaría.

El documento, firmado por el fiscal de Justicia Esdras Soares Vilas Boas Ribeiro, señala que Leandro de Oliveira se habría acercado a Patrick mientras él dormía y utilizado una sábana para provocar su muerte por asfixia.

De acuerdo con la acusación, Patrick estaría bajo efecto de medicamento en el momento de la agresión, circunstancia que habría reducido su capacidad de reacción.

Por este motivo, el Ministerio Público denunció a Leandro por homicidio calificado por el empleo de recurso que dificultó la defensa de la víctima, conforme al artículo 121, párrafo 2o, inciso IV, del Código Penal.

El documento se unió al proceso el 11 de septiembre de 2026. Según los autos, el denunciado está preso preventivamente desde el 29 de agosto.

La denuncia ya ha sido recibida por la Justicia, según informó el abogado de la familia. El recibo, sin embargo, no representa condena, y el acusado tiene derecho a la amplia defensa y al contradictorio.

La familia también quiere responsabilizar al Estado

Además de la responsabilidad criminal del acusado, los familiares de Patrick buscan averiguar la responsabilidad del Estado por la muerte ocurrida dentro del sistema penitenciario.

En el pronunciamiento, Gustavo Madureira destacó que la administración penitenciaria tiene el deber de garantizar la integridad física de las personas bajo su custodia.

"Esta defensa busca, en primer lugar, la justicia, responsabilizando criminalmente al acusado Leandro de Oliveira, como también esa defensa busca la responsabilidad del Estado, siendo que es deber de la unidad penitenciaria proteger y valorar por la seguridad de sus presos", declaró.

La manifestación de los abogados pone en discusión las condiciones de seguridad ofrecidas al detenido dentro de la unidad penitenciaria.

La eventual responsabilidad civil del Estado deberá ser analizada por las instancias competentes, considerando las circunstancias de la muerte y los deberes de protección de las personas privadas de libertad.

La Fiscalía pide una reparación mínima de R$ 200.000

Otro punto relevante de la denuncia es la petición de reparación financiera a los familiares de Patrick Carlos Rodrigues.

El Ministerio Público solicitó a la Justicia la fijación de un valor mínimo de R$ 200 mil, considerando los daños patrimoniales, psicológicos y morales relacionados con la muerte.

La solicitud está fundamentada en el artículo 387, inciso IV, del Código de Procedimiento Penal, que permite establecer un valor mínimo de reparación por los daños provocados por la infracción penal.

Es importante destacar que el valor aún no representa una indemnización concedida por la Justicia. La solicitud debe ser examinada durante el proceso.

En la documentación presentada, el Ministerio Público también pidió la solicitud urgente de los informes de necropsia y de examen del lugar del crimen al Instituto Médico Legal y al Instituto de Criminalística.

Recordemos el caso de Patrick Carlos Rodrigues

Patrick Carlos Rodrigues era natural de Ponta Grossa y trabajaba como auxiliar de eléctrica.

Según informó el Portal BnT Online el 30 de agosto, el hombre fue encontrado muerto en una celda de la Penitenciária Estadual de Ponta Grossa II en la mañana del 28 de ese mes.

En el primer reportaje, la causa de la muerte aún no se había dado a conocer oficialmente. La identificación de la víctima fue confirmada a partir de información del Serviço Funerário Municipal.

Patrick fue sepultado el 29 de agosto en el Cementerio São Vicente de Paula, en Ponta Grossa.

Con la conclusión de la investigación policial y la presentación de la denuncia por el Ministerio Público, el caso pasó a ser tratado como homicidio. Ahora, la familia espera el avance del proceso criminal y busca aclaraciones sobre la responsabilidad del poder público por la seguridad del detenido.

El proceso se tramita en la 1a Vara Criminal de Ponta Grossa, bajo el número 0029939-39.2026.8.16.0019.

Hasta el cierre de este reportaje, no se había presentado a la redacción manifestación de la defensa de Leandro de Oliveira o posicionamiento actualizado de la Policía Penal del Paraná sobre las alegaciones de responsabilidad estatal. El espacio permanece abierto para aclaraciones.