Perú declara emergencia en 5 presidios de seguridad máxima

El gobierno de Perú declaró el sábado el estado de emergencia en cinco prisiones de máxima seguridad (5.sep.2026). La medida autoriza a las fuerzas policiales y militares a tomar el control de las instalaciones para combatir a organizações criminosas que operan desde el interior de las prisiones hacia el exterior. El decreto, de 60 días de duración, fue editado por la presidenta Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, de derecha.

Con la decisión, las forças armadas y la policía están autorizadas a actuar para garantizar el control del espacio aéreo y del espectro electromagnético en el entorno inmediato de las unidades penitenciarias. La acción busca interrumpir la comunicación y la logística de grupos criminales que, según el gobierno, continúan comandando actividades ilícitas incluso encarcelados.

Control militar en prisiones estratégicas

Las cinco cárceles cubiertas por la orden albergan a alrededor del 50% de los detenidos con vínculos a organizações criminosas, según el gobierno peruano. La presencia de las fuerzas de seguridad en estas unidades tiene como objetivo restablecer el orden interno y cortar el flujo de órdenes al exterior. La fuente no detalló los nombres de las cárceles ni el número exacto de presos afectados.

La medida permite a militares y policías actuar directamente en la gestión de la seguridad perimetral y en el bloqueo de señales de comunicación. El control del espectro electromagnético se considera esencial para impedir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos por parte de los detenidos. La acción refleja la gravedad de la infiltración del crimen organizado en el sistema penitenciario peruano.

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Solicitud de poderes legislativos al Congreso

El gobierno también solicitó al Congreso poderes legislativos por 120 días para clasificar a organizações criminosas como “terroristas”. Sin embargo, la oposición se opuso a la solicitud. El debate sobre la tipificación puede influir en la estrategia de seguridad del país en los próximos meses.

La clasificación como terroristas ampliaría las herramientas legales del Estado para perseguir y castigar a miembros de esas organizaciones. Sin embargo, la resistencia parlamentaria indica que la propuesta puede enfrentar obstáculos. La fuente no detalló los argumentos de la oposición ni el cronograma de votación de la materia.

Contexto de creciente violencia

El decreto fue editado en medio de la escalada de la violencia en el país. El domingo, hombres armados disfrazados de policías mataron a cuatro personas y secuestraron a un empresario del sector minero en el norte de Perú. La víctima fue liberada horas después, tras el pago del rescate, según la policía.

El episodio pone de manifiesto la audacia y la capacidad operativa de grupos criminales, que actúan con uniformes falsos y planificación. La respuesta del gobierno, con la emergencia penitenciaria, busca atacar la raíz del problema: la coordinación de crímenes desde las cárceles. La fuente no informó si los autores del secuestro tenían relación con reclusos de las prisiones bajo intervención.

Reacciones y próximos pasos

La medida de 60 días puede ser prorrogada, pero el gobierno no ha confirmado esa posibilidad. La presidenta Keiko Fujimori enfrenta presión para presentar resultados rápidos en la reducción de la delincuencia. La oposición, a su vez, cuestiona la eficacia de acciones militares en ambientes penitenciarios y la ampliación de poderes ejecutivos.

La información fue publicada por la agencia de noticias Reuters. El Portal Boca no Trombone continuará siguiendo los despliegues de la emergencia en las prisiones peruanas y sus impactos en la seguridad regional. La situación en Perú sirve de alerta para otros países de América Latina que enfrentan desafíos similares con el crimen organizado.

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Fuente

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