Proyecto busca exigir justificación para cambios en la prioridad de pacientes en Ponta Grossa

Los cambios en la prioridad de atención de pacientes en la red pública de salud de Ponta Grossa pueden tener que ser justificados y registrados en el sistema propio. La exigencia está prevista en el Proyecto de Ley no 352/2026, de autoría de la concejala Joce Canto, que dio entrada en la Câmara Municipal el jueves (15). La propuesta establece criterios para la clasificación de riesgos, el respeto a las prioridades legales y el seguimiento de las decisiones de la Central de Regulación.

El texto abarca establecimientos públicos y privados que prestan servicios al Sistema Único de Salud (SUS) en el municipio. Por el proyecto, la gravedad del cuadro clínico, la urgencia, la emergencia y la necesidad de asistencia deben orientar la definición de la atención. Ninguna prioridad administrativa u organización de cola podrá impedir o retrasar la asistencia a un paciente que necesite atención más urgente.

Las enmiendas deberán tener fundamento técnico

Uno de los principales puntos de la propuesta es la obligatoriedad de documentar cambios realizados por la Central de Regulación en la clasificación de riesgo, en la prioridad asistencial o en la indicación clínica inicialmente asignada por el profesional responsable de la atención. El registro deberá incluir fecha y hora, identificación del profesional que tomó la decisión, clasificación inicial, prioridad definida por la regulación y justificación técnica para el cambio.

También deberán constar los elementos clínicos considerados y el protocolo utilizado, cuando haya. Esta información integrará el historial asistencial del paciente y estará disponible para auditorías, supervisión y eventual determinación de responsabilidades, respetando el secreto y la protección de los datos personales.

La evaluación debe tener en cuenta a cada paciente

El proyecto también prevé que los pacientes con la misma clasificación de riesgo puedan recibir prioridades diferentes cuando haya justificación clínica. La evaluación deberá considerar factores como síntomas, exámenes, historial de enfermedades y posibilidad de empeoramiento en caso de demora. Por otro lado, antecedentes familiares, predisposición genética, franja de edad o diagnóstico aislado no garantizarán prioridad automática.

Cuando haya equivalencia de urgencia, gravedad y necesidad asistencial, el texto determina la observancia de las prioridades legales, mencionando niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores, incluida la prioridad especial para mayores de 80 años.

Autonomía de los profesionales

En la justificación, Joce Canto argumenta que el registro de las decisiones puede ampliar la transparencia, facilitar auditorías y fortalecer la seguridad de los pacientes. La concejala también afirma que la propuesta preserva la autonomía de los profesionales de salud y las atribuciones de la Central de Regulación.

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El documento presentado es un proyecto de ley y aún no establece una regla en vigor. El texto prevé que, en caso de que se convierta en ley, la medida pase a valer en la fecha de su publicación.