TJPR declara inconstitucionalidad en dispositivos de la Ley General de Universidades; entiende
Según la acción, diversos artículos de la LGU comprometían la autonomía de las universidades estatales, contrariando los principios de la Constitución Federal y Estadual
El Tribunal de Justicia del Paraná (TJ-PR) declaró inconstitucionales diversos dispositivos de la Ley General de las Universidades (LGU), sancionada en 2021. La decisión fue dictada este lunes (19) por el Órgano Especial de la Corte, sobre la base de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI 2933/2021), presentada por diputados estatales de la bancada de oposición en la Asamblea Legislativa del Paraná (Alepo), durante la tramitación de la ley.
La ADI fue protocolada en noviembre de 2021, con respaldo en el artículo 111 inciso VII, de la Constitución Estatal, que permite que un sexto de los parlamentarios proponga ese tipo de acción. Firman la petición los diputados Arilson Chiorato (PT), Profesor Lemos (PT), Requião Filho, Goura (PDT), Luciana Rafagnin (PT) y Tadeu Veneri — este último actualmente diputado federal.
Según la acción, diversos artículos de la LGU comprometían la autonomía de las universidades estatales, contrariando los principios establecidos por la Constituição Federal y por la Constitución del Estado del Paraná. Entre los puntos cuestionados están restricciones al control presupuestario por las instituciones, impedimentos a la contratación de servidores por licitación pública, dificultades en el pago de la gratificación TIDE (Tiempo Integral y Dedicación Exclusiva) y la posibilidad de cierre de cursos sin criterios técnicos ni debate institucional.
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El TJ-PR entendió que estos dispositivos violan los artículos 207 de la Constituição Federal y 180 de la Constitución Estatal, que garantizan la autonomía administrativa, financiera y académica a las instituciones de educación superior.
La decisión tiene efecto inmediato y hace sin validez legal los trechos de la LGU considerados inconstitucionales. La Ley General de las Universidades ha sido objeto de críticas desde su aprobación por parte de docentes, estudiantes, técnicos y gestores, que apuntaban riesgos a la autonomía universitaria.
Con el entendimiento del Tribunal de Justicia, cualquier futura legislación relacionada con la educación superior estatal deberá respetar los principios constitucionales de la autonomía universitaria, de la gestión democrática y de la libertad académica.
*Con información de la Asamblea Legislativa
