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Política

Alcolumbre y Motta piden a Moraes el juicio de la ley de dosimetría

Davi Alcolumbre y Hugo Motta se reunieron con el ministro Alexandre de Moraes para pedir el juicio de las acciones que cuestionan la Ley de Dosimetría. La norma, aprobada por el Congreso, permite la reducción de penas de condenados por los actos del 8 de enero, pero está suspendida desde mayo por decisión del relator.

Alcolumbre e Motta pedem a Moraes julgamento da lei da dosimetria
Alexandre de Moraes em sessão plenária do STF — Foto: Antonio Augusto/STF
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El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), estuvieron este martes (17) con el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), relator de las acciones directas de inconstitucionalidad que cuestionan la Ley de Dosimetría. Los presidentes de ambas Casas pidieron al ministro que libere las acciones para juicio del plenario del STF bajo el argumento de que fue una ley aprobada por el Congresso Nacional.

El encuentro se produce en medio de la expectativa de condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, que esperan una definición de la Corte sobre la validez de la norma. La ley, aprobada en 2025, permite la reducción de penas de condenados por los ataques, incluida la pena del expresidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 años y tres meses de prisión en el juicio de la trama golpista, y aliados de él.

Solicitud conjunta de las dos Casas

Alcolumbre y Motta reforzaron la legitimidad del proceso legislativo que resultó en la Ley de Dosimetría. El argumento central es que la norma fue debatida y aprobada por el Parlamento, quedando al STF solo el control de constitucionalidad, sin aplazar indefinidamente su eficacia. La fuente no detalló si hubo mención a plazos o si el ministro señaló alguna fecha para liberar el caso.

La reunión no estaba prevista en la agenda oficial de los presidentes, pero fue confirmada por asesorías. El gesto conjunto de Alcolumbre y Motta demuestra la presión del Legislativo sobre el Judicial en un tema sensible, que implica el castigo de involucrados en los actos antidemocráticos y la prerrogativa del Congreso de legislar sobre derecho penal.

Suspensión desde mayo

En mayo, Moraes suspendió la aplicación de la ley. Con ello, los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023 pasaron a depender de una decisión del plenario para obtener el beneficio de la reducción de sus penas. La medida cautelar fue adoptada en el ámbito de las acciones directas de inconstitucionalidad que cuestionan la constitucionalidad de la norma.

La suspensión de la aplicación afectó directamente a quienes llegaron a pedir la revisión e indirectamente a los demás condenados, como el expresidente Jair Bolsonaro (PL). Moraes aplicó el entendimiento a casos de condenados que ya han accionado la Corte pidiendo la revisión de la pena con base en la Ley de Dosimetría. La decisión monocrática generó reacciones en el medio político y jurídico, con críticas sobre la demora en el análisis por el plenario.

Impacto en las penas del 8 de enero

La Ley de Dosimetría, aprobada en 2025, permite la reducción de penas de condenados por los ataques del 8 de enero de 2023. La norma establece criterios para la dosimetría de la pena, pudiendo beneficiar a los acusados ya sentenciados, incluso en grado de recurso. Entre los potenciales beneficiados está el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión en el juicio de la trama golpista, y aliados suyos.

La suspensión de la ley mantiene las penas originales hasta que el STF decida el mérito. Para los condenados que ya han tenido la revisión solicitada, el proceso queda paralizado. Para los demás, la expectativa de reducción queda suspendida. La fuente no detalló cuántos acusados serían directamente afectados por la decisión final.

Siguientes pasos en el STF

Tras la petición de Alcolumbre y Motta, corresponde al ministro Alexandre de Moraes decidir si libera las acciones para juicio en el pleno. No hay plazo reglamentario para esta liberación, y el ponente puede solicitar más información o dictámenes antes de pautar el caso. La fuente no detalló si el ministro se comprometió a agilizar el proceso.

El juicio en el plenario del STF será decisivo para la validez de la Ley de Dosimetría y para el futuro de las penas relacionadas con los actos del 8 de enero. La Corte podrá confirmar la suspensión, revocarla o declarar la inconstitucionalidad de la norma, con efectos para todos los condenados. La expectativa es que el tema genere intenso debate entre los ministros, dada la repercusión política y social.

Mientras tanto, el impasse permanece. Los condenados siguen con las penas mantenidas, y el Congreso espera una definición del Judicial sobre la ley que aprobó. El resultado tendrá un impacto directo en la vida de cientos de personas y en el equilibrio entre los Poderes.

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Fuente

g1.globo.com

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