Cámara de PG bloquea que sobras de merenda sejam comidas por profesores y servidores

La Câmara Municipal de Ponta Grossa mantuvo, por 12 votos a 6, el veto de la prefeita Elizabeth Schmidt (PL) a la propuesta que autorizaba a profesores y demás profesionales de la educación a consumir alimentos excedentes de la merienda escolar. La votación tuvo lugar durante la sesión ordinaria de este miércoles (14). La concejala Joce Canto (PP) estaba ausente.

De autoría del concejal Guilherme Mazer (PT), el Proyecto de Ley no 162/2026 preveía el aprovechamiento de comidas preparadas y no consumidas por los estudiantes en las escuelas públicas municipales. El texto, identificado como Ley no 16.052/2026, había recibido veto integral del Ejecutivo el 11 de septiembre. Con la decisión de los concejales, la autorización no entra en vigor en los términos previamente aprobados por el Legislativo.

La propuesta busca aprovechar los alimentos ya preparados

El proyecto permitía poner a disposición la merienda remanente a los profesores y demás funcionarios en efectivo ejercicio en las unidades escolares, después de la atención de los alumnos. La iniciativa no obligaba a los trabajadores a consumir los alimentos. También establecía que la medida no representaría un aumento o una reducción de los derechos remuneratorios o compensatorios, especialmente del vale de alimentación o beneficio equivalente.

Según Mazer, el objetivo era combatir el desperdicio de comidas ya preparadas, sin ampliar la producción de alimentos o modificar los beneficios recibidos por los profesionales.

Durante la discusión, el concejal explicó que faltas de estudiantes y variaciones en el consumo pueden hacer que la cantidad preparada supere la necesidad del día. “Quiero evitar el desperdicio de alimentos en la escuela. Tan solo eso”, afirmó. Mazer también defendió que la autorización daría seguridad jurídica a las direcciones escolares que eventualmente permiten el aprovechamiento de esos alimentos por los funcionarios.

El Ayuntamiento ha señalado la duplicidad de beneficios

En las razones del veto, el Ejecutivo sostuvo que ofrecer comidas a los servidores, manteniendo el pago del vale-alimentación, podría configurar acumulación de beneficios destinados a la misma finalidad. La justificación cita las sentencias no 3450/25 y no 2761/23 del Tribunal de Cuentas del Estado del Paraná (TCE-PR).

Según la interpretación presentada por el Ayuntamiento, el municipio debería optar entre la ayuda-alimentación y el suministro directo de comidas, evitando la duplicidad. El veto también menciona principios de la administración pública y la finalidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) como fundamentos para rechazar la propuesta.

El contrato y los costos también motivaron el veto

Otro argumento de la Alcaldía fue el posible impacto sobre el contrato de subcontratación de la alimentación escolar. Según el Ejecutivo, el servicio fue dimensionado conforme al número de estudiantes atendidos, y los alimentos no constituyen un inventario administrado directamente por el municipio. En la evaluación de la administración, la inclusión de servidores podría elevar los gastos de ingredientes, producción, mano de obra, logística, almacenamiento y control. También podría abrir posibilidad para un pedido de reequilibrio económico-financiero por parte de la empresa contratada.

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La Alcaldía apuntó además que la propuesta no presentaba estimación de impacto presupuestario-financiero ni indicación de la fuente de costeo, citando exigencias de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El Ejecutivo cuestionó, por último, cómo se fiscalizaría la cantidad considerada excedente. Según la justificación, la ausencia de criterios objetivos podría estimular la preparación de alimentos más allá de lo necesario para atender a los estudiantes.