Cámara de Ponta Grossa vota transferencia de vaga de la FASPG para Procuradoria
Proyecto de la Alcaldía está en la agenda de esta jueves (7), en segunda discusión; Ejecutivo afirma que cambio no aumenta gastos

La Cámara de Ponta Grossa tiene en el orden del día de este miércoles (7) la votación, en segunda discusión y en régimen de urgencia, del Proyecto de Ley no 336/2026. Enviada por el Ayuntamiento, la propuesta transfiere el empleo público de fiscal fundacional de la Fundación de Asistencia Social de Ponta Grossa (FASPG) al cuadro de la administración municipal, con la denominación de fiscal municipal.
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La previsión de votación figura en el orden del día de la sesión ordinaria. El documento establece la etapa de discusión, pero no informa el resultado de la deliberación.
El Ayuntamiento justifica la reorganización
En el mensaje enviado a los concejales, la prefeita Elizabeth Schmidt afirma que el cambio busca adecuar formalmente el cuadro de personal e integrar la vacante a la estructura de la Procuraduría General del Municipio (PGM).
Según el Ejecutivo, la fiscal que estaba abarrotada en la Fundación ya fue trasladada a la administración directa y posee derechos, prerrogativas y régimen remuneratorio equivalentes a los de los fiscales municipales. Por ello, la Alcaldía considera innecesaria el mantenimiento de una vacante específica de procurador fundacional y señala la posibilidad de superposición de atribuciones.
La justificación también informa que el remanejo no acarrea aumento de gastos para el Municipio. Según el mensaje, la medida pretende apoyar las actividades de control y supervisión bajo la responsabilidad de PGM.
Lo que prevé el proyecto
El texto establece que el empleo transferido pase a integrar el cuadro de personal de nivel superior con carrera propia de la administración municipal, preservando las ventajas existentes y aplicables a los demás empleados del municipio. La tabla propuesta pasa a indicar 21 puestos de fiscal municipal, con salario base de R$ 4.936,77. El documento prevé jornadas de 20, 25 o 30 horas semanales, según la legislación específica.
El proyecto también retira el empleo de fiscal fundacional del marco previsto en la Ley no 14.648/2023 y propone la derogación de la Ley no 8.432/2005. La redacción remitida establece vigencia a partir del 1 de septiembre de 2026.
Las comisiones han emitido un dictamen favorable
La propuesta recibió un dictamen favorable de la Comisión de Finanzas, Presupuesto y Fiscalización, con ponencia del concejal Paulo Balansin, el 23 de septiembre. La Comisión de Obras, Servicios Públicos, Tránsito, Transporte, Movilidad Urbana y Accesibilidad también se manifestó por la aprobación. El dictamen, presentado por el concejal Professor Careca, fue emitido el 17 de septiembre.
Los documentos presentados tratan del remanejo de una vacante existente y de su adecuación en la legislación municipal.
























