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Cámara vota proyecto que exige antecedentes criminales de personas que trabajan con niños

Cámara vota el lunes (23) proyecto que exige antecedentes criminales en Ponta Grossa de profesionales que trabajan con niños

Câmara vota projeto que exige antecedentes criminais de pessoas que trabalham com crianças
Arquivo/BnT
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La Câmara Municipal de Ponta Grossa debe votar el próximo lunes (23) el Proyecto de Ley no 328/2026, que establece la obligatoriedad de la presentación de certificado de antecedentes penales para profesionales que trabajan en instituciones dirigidas a la atención de niños y adolescentes. La propuesta, de autoría del concejal Leandro Bianco (Republicanos), abarca establecimientos públicos y privados del municipio.

Por el texto, la documentación deberá ser presentada antes de la contratación y actualizada cada seis meses. La medida también se aplica a los profesionales que ya integran los equipos de esas instituciones, con plazo de adecuación previsto en caso de que la propuesta sea aprobada y sancionada.

¿Qué profesionales deben presentar antecedentes penales?

El requisito se aplicará a diferentes establecimientos que desarrollan actividades con el público infantil y juvenil en Ponta Grossa.

Entre los lugares contemplados están guarderías, escuelas de educação infantil, instituciones de educación primaria y secundaria, cursos profesionales, preparatorios y de formación complementaria.

La propuesta también incluye academias, clubes deportivos, centros de entrenamiento, instituciones religiosas y organizaciones que promueven actividades culturales, recreativas y de ocio.

La obligatoriedad no estará restringida a los profesores y educadores. El texto abarca también a directores, instructores, monitores, cuidadores, psicólogos, trabajadores sociales, pasantes, voluntarios y prestadores de servicios.

Funcionarios de las áreas de limpieza, alimentación, mantenimiento, seguridad y administración también estarán sujetos a la exigencia cuando actúen en ambientes frecuentados por niños y adolescentes, conforme a las condiciones previstas en el proyecto.

Las condenas podrían impedir la actuación con menores

El proyecto establece restricciones para profesionales que tengan condenas penales transitadas en juzgado o dictadas por órgano judicial colegiado, relacionadas con determinados delitos.

Entre las situaciones previstas están crímenes contra la dignidad sexual, homicidio, feminicidio, lesión corporal grave, tortura, malos tratos, abandono de incapaz, tráfico de personas y delitos previstos en el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA).

También se incluyen condenas por delitos cometidos mediante violencia o grave amenaza contra la persona.

En estos casos, la propuesta determina el impedimento de la admisión o el alejamiento del profesional de actividades que impliquen niños y adolescentes.

Instituciones podrán recibir multas y otras sanciones

En caso de que la propuesta se convierta en ley, los establecimientos deberán mantener las certificaciones archivadas y actualizadas, permitiendo la fiscalización por los órganos municipales competentes.

Para profesionales que ya estén trabajando en las instituciones, se concederá un plazo de 90 días, contados a partir de la publicación de la legislación, para la presentación de los documentos requeridos.

El incumplimiento de las determinaciones podrá resultar en penalizaciones para instituciones privadas, comenzando por una advertencia por escrito, acompañada de plazo de 15 días para regularización.

Si la irregularidad persiste o hay reincidencia, podrá aplicarse multa, cuyo valor será definido posteriormente por reglamentación del Poder Ejecutivo.

En situaciones de reincidencia reiterada o riesgo inminente a la integridad de niños y adolescentes, el texto también prevé la posibilidad de suspensión temporal de la licencia de funcionamiento.

Proyecto busca ampliar protección de niños y adolescentes

En la justificación presentada a la Cámara, el concejal Leandro Bianco fundamenta la propuesta en el artículo 227 de la Constituição Federal y en las disposiciones del Estatuto del Niño y del Adolescente.

El argumento es que la protección integral del público infantil y juvenil exige medidas preventivas en los ambientes educativos, deportivos, religiosos y recreativos.

La justificación también sostiene que las restricciones previstas respetan el principio constitucional de la presunción de inocencia, por considerar condenas definitivas o decisiones dictadas por órganos judiciales colegiados.

La votación está prevista para el lunes 23 de noviembre. Si el proyecto es aprobado por el Legislativo, todavía dependerá de las etapas posteriores del proceso legislativo para entrar en vigor.

Lea también: La Policía Municipal puede convertirse en Policía Municipal en PG; proyecto espera parecer

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Luis Carlos Pimentel
Autoría
Luis Carlos Pimentel
Formado em Técnica Contábil, estudou Jornalismo na Faculdade Secal. Há 40 anos trabalha em meios de comunicação social. Trabalhou em emissoras de rádio, jornais impressos e portais. Registro Mtb/PR - 4451
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