Despejo de una anciana de 87 años revela crisis de vivienda en España
El despejo de una anciana de 87 años de un apartamento en Madrid, donde vivió durante setenta años, evidenció la gravedad de la crisis de vivienda en España. El caso involucra contratos de alquiler antiguos y aumentos de renta que la jubilada no podía pagar.
Una mujer de 87 años fue desalojada el miércoles del apartamento donde vivió durante siete décadas, en el barrio del Retiro, en Madrid. El caso de Maricarmen, que no tuvo el apellido divulgado, expuso la gravedad de la crisis de vivienda en España, marcada por alquileres cada vez más caros y difícil acceso a la vivienda.
El desalojo se produjo tras años de litigio judicial entre la anciana y la empresa de inversiones propietaria del inmueble. La justicia española falló a favor de la compañía, y la comisión judicial ejecutó la orden en su cuarto intento.
Contrato de arrendamiento antiguo en disputa
Maricarmen vivía en un apartamento de 92 m2 en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en uno de los barrios más privilegiados de la capital española. El contrato de alquiler fue firmado por su padre en 1956, durante la dictadura franquista, y se encuadra en el régimen conocido como arrendamiento antiguo.
Después de la muerte de su padre, su esposa comenzó a ocupar la propiedad como inquilina. Cuando ella falleció en 2005, el contrato fue transmitido a Maricarmen, configurando una segunda sucesión. Según la interpretación del Tribunal Supremo español, el contrato no podría prolongarse indefinidamente en este caso.
La anciana pagaba 500 euros mensuales de alquiler (alrededor de R$ 3.000), valor muy inferior al precio de mercado actual. En agosto de 2026, los alquileres medios en Madrid alcanzaron los 23,3 euros por metro cuadrado, un aumento del 5,1% sobre el año anterior, según el portal Idealista.
La empresa cobra valor actualizado
En 2018, la familia propietaria vendió el edificio a la empresa Renta Corporación. Dos años después, la compañía ofreció a Maricarmen la compra del apartamento por 247.000 euros (unos R$ 1,5 millones), pero ella afirmó que no podía pagar ese precio.
Inicialmente, la nueva empresa cobró de la inquilina 2.650 euros mensuales (R$ 15,6 mil). Luego aceptó recibir 1.650 euros (R$ 9,7 mil). El valor revisado superaba en 300 euros la jubilación mensual de Maricarmen, de 1.350 euros.
La abogada de la anciana afirma que ella siguió pagando el mismo importe de alquiler que ya se venía cobrando, sin nunca negarse a pagar. La empresa alegó que el contrato anterior estaba cerrado y cobraba el valor actualizado.
Desalojo y protesta de activistas
El miércoles, decenas de activistas se concentraron frente a la puerta del edificio para tratar de impedir el desalojo. Ellos han mostrado su apoyo a la anciana y han protestado contra la situación del mercado inmobiliario español, donde el acceso a la vivienda es cada vez más difícil.
Maricarmen, que tiene movilidad reducida y 50% de discapacidad, salió del apartamento en silla de ruedas. Fue trasladada al hospital y, tras un chequeo médico, decidió irse a vivir con sus familiares.
La justicia ya había fijado tres fechas para el desalojo. El último intento está programado para el miércoles 23 de septiembre.
Crisis de vivienda en evidencia
El caso de Maricarmen también expuso los llamados contratos de alquiler antiguo, firmados hace décadas y sujetos a normas específicas sobre el precio del alquiler y su transmisión a los familiares del inquilino. Con el paso del tiempo, la ley pasó a permitir que algunos contratos siguieran vigentes, pero cambió las reglas de actualización de valores y qué familiares podrían mantener el contrato en caso de fallecimiento del inquilino.
El cambio de propietario del apartamento no cerraba automáticamente el alquiler. En primer lugar, era necesario determinar si el contrato de Maricarmen seguía vigente. Y, según la interpretación del Tribunal Supremo español, en su caso, el contrato no podría prolongarse indefinidamente, por tratarse de una segunda sucesión.
El desalojo de la anciana generó conmoción y reavivó el debate sobre la crisis habitacional en España, donde los precios de los alquileres han subido de forma constante, especialmente en las grandes ciudades. La situación de Maricarmen ilustra la vulnerabilidad de los antiguos inquilinos ante la valorización inmobiliaria y el cambio en las reglas contractuales.
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Fuente
g1.globo.com
Barcelona (www.bbc.com)
