El capital quiere congelar el salario del trabajador, pero no los propios beneficios

Existe una contradicción en el discurso de parte del mercado financiero brasileño, cuando el asunto es responsabilidad fiscal, el salario mínimo y los programas sociales, aparecen como problemas que impulsan las deudas públicas. La solución presentada por el capital pasa por limitar o incluso congelar las ganancias reales de quien depende exclusivamente del propio trabajo.

En abril de 2025, el expresidente del Banco Central Arminio Fraga abogó por congelar el salario mínimo, por encima de la inflación, durante seis años. El argumento es que al reajustar los valores, beneficia no sólo a los funcionarios de la iniciativa privada, sino que el mínimo sirve de referencia para otros servicios públicos, como el pago de pensiones del INSS, BPC, Seguro Desempleo, Abono Salarial y otros.

Pero, ¿por qué el sacrificio comienza siempre por la renta de quien tiene menos? En 2025, los cuatro mayores bancos privados con acciones en la Bolsa brasileña, Itaú, Bradesco, Santander y BTG Pactual, sumaron R$ 101.500 millones en ganancias.

Mientras tanto, Brasil desembolsó aproximadamente R$ 1 billón en intereses nominales de la dívida pública en el mismo año, el equivalente al 7,9% del PIB, según un estudio del BNDES.

No se trata de afirmar que los beneficios de los bancos sean ilegales o que el gobierno pueda gastar sin límites. La pregunta es otra, ¿por qué la discusión sobre equilibrio fiscal gana tanta fuerza cuando involucra pensiones, beneficios sociales y valorización salarial, pero no recibe la misma atención cuando se discute el costo financiero de la deuda y la remuneración del capital?

El trabajador que recibe un salario mínimo no está preocupado por la cotización de los intereses futuros o por la confianza de los inversores. Está preocupado por el alquiler, la comida, la factura de la luz y el transporte. Y, aun trabajando, a menudo necesita recurrir a programas sociales para lograr cerrar el mes.

Congelar el salario puede aliviar parte de los gastos vinculados al piso, pero también significa retirar la posibilidad de ganancia real de millones de brasileños. Hay que discutir el costo fiscal, pero también el costo social de esa elección.

El mercado financiero tiene todo el derecho de defender sus intereses. El problema comienza cuando estos intereses son presentados como si fueran necesariamente los intereses del país. La economía no puede medirse solo por la confianza de los inversores, el rendimiento de la Bolsa o la rentabilidad de las instituciones financieras.

Si Brasil necesita hacer ajustes, que se discuta la estructura tributaria, el costo de los intereses, los gastos públicos, los privilegios y la distribución de la renta. Pero transformar el salario de quien trabaja en la primera variable de sacrificio es ignorar que una economía también depende de trabajadores con poder adquisitivo.

¿De qué sirve defender las cuentas públicas cuando millones de brasileños no pueden cerrar sus propias cuentas?

 

Lea también: El Paraguay de menos impuestos vendió sueños, pero entregó pesadillas, por Gleidson Carlos