Entidades presionan a Lula y al Congreso contra supersalarios

Un grupo de siete organizaciones de la sociedad civil difundió esta semana un manifiesto dirigido al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al Congresso Nacional pidiendo la aprobación de reglas nacionales para combatir los llamados supersalarios en el servicio público. El documento es firmado por Instituto República, Asociación Queden Sabiendo, Libres, CLP – Centro de Liderazgo Público, Transparencia Brasil, Movimiento Personas al Frente y Transparencia Internacional Brasil.

Según datos compilados por las entidades, el país pagó al menos R$ 24,3 mil millones por encima del techo en 2025, actualmente fijado en R$ 46.366,19, contemplando cerca de 67,3 mil servidores concentrados, principalmente, en el Poder Judicial. "Es inaceptable mantener los pagos por encima del techo en un contexto de restricción presupuestaria", dice el comunicado.

Manifiesto señala falta de reglas uniformes

Las organizaciones señalan que la falta de reglas nacionales uniformes genera una "dinámica de cascada", en la que carreras con mayor poder de presión obtienen ventajas que acaban siendo replicadas por otras categorías sin ningún planeamiento o criterios de isonomía. “La confianza en el 99% de los servidores, que cumplen sus funciones dentro del techo, ha sido corroída por privilegios que benefician a una pequeña minoría del 1,34%”, afirmaron.

El manifiesto destaca que la ausencia de una legislación nacional clara permite interpretaciones divergentes sobre qué parcelas pueden o no superar el límite constitucional, creando distorsiones y aumentando la presión sobre las cuentas públicas.

Propuestas legislativas en trámite

En el Congreso, dos propuestas buscan regular el tema. De autoría del diputado Lindbergh Farias (PT-RJ), el PL 3.401/2025 tramita en conjunto con la propuesta de Tabata y disciplina la aplicación del límite máximo remuneratorio a nivel nacional. El texto define una lista de parcelas excluidas del techo, estableciendo límites porcentuales por encima del límite constitucional para cada una —como ayuda-alimentación (hasta el 3%), resarcimiento de plan de salud (hasta el 5%), ayuda-crecería (hasta el 3%), ayuda-transporte (hasta el 3%) y diarias.

También prevé la exclusión de adicionales de vacaciones, venta de licencia-premio, abono de permanencia y gratificaciones por acumulación de acervo o jurisdicción en el Poder Judicial y el Ministerio Público (limitadas a 1/3 del techo). Las entidades defienden la aprobación de esa legislación como forma de estancar la sangría en las arcas públicas.

Reivindicaciones detalladas de las organizaciones

El manifiesto enumera una serie de medidas que consideran esenciales para moralizar la remuneración en el sector público. Entre ellas, destacan: “La aprobación de legislación nacional que establezca criterios claros, objetivos y restrictivos para la clasificación de fondos remuneratorios e indemnizatorios; la caracterización de los fondos indemnizatorios exclusivamente como aquellos de naturaleza reparatoria, de carácter eventual, individual y transitorio, previstas en ley nacional y sometidas a naturaleza preestablecida por período; la sumisión a la parte constitucional de los mismos”.

Las organizaciones también piden “la correcta incidencia de Impuesto de Renta sobre rentas que configuren acreción patrimonial; la creación de mecanismos robustos de transparencia y estandarización de las informaciones remuneratorias; la veda a la creación de beneficios por acto administrativo, incluyendo resoluciones de consejos superiores, exigiendo previsión legal expresa para cualquier adicional”.

Control y responsabilidad

Otro punto central del manifiesto es la necesidad de “limitación y regulación rigurosa de pagos retroactivos, con criterios objetivos, marcos temporales definidos, y análisis de impacto presupuestario; además de auditoría rigurosa sobre pagos ya autorizados”. Las entidades defienden además “la responsabilidad funcional y administrativa por actos que autoricen pagos por encima del techo sin amparo en ley en sentido estricto”.

Por último, el documento pide “el establecimiento de criterios de gobernanza, control y de operacionalización de los honorarios de sucumbencia, que deben ser transparentes y estrictamente restringidos al techo constitucional en la sumatoria con las demás remuneraciones en todos los niveles de la federación”.

Impacto para el contribuyente

El debate sobre los supersalarios cobra relevancia en un momento de apremio fiscal. Los R$ 24.300 millones pagados por encima del techo en 2025 representan recursos que podrían ser dirigidos a áreas como salud, educación e infraestructura. La presión de las entidades se produce mientras el gobierno y el Congreso discuten medidas de ajuste fiscal y reforma administrativa.

Para el ciudadano común, el mantenimiento de privilegios a una minoría del funcionalismo público significa menos dinero para servicios esenciales y más carga tributaria. El manifiesto busca sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre la urgencia de una legislación nacional que ponga fin a las brechas legales.

El Portal Boca no Trombone seguirá acompañando el tramitación de las propuestas y los despliegues de esta movilización de la sociedad civil. Para más noticias sobre política nacional y gestión pública, siga navegando en nuestro sitio web.

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