Gilmar propone bloquear policías y militares en gabinetes del STF

El ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), protocoló este sábado una propuesta de enmienda al regimiento interno de la Corte para impedir que militares de las Forças Armadas y servidores de las carreras policiales sean cedidos para actuar en los gabinetes de los ministros. La iniciativa busca restringir la presencia de estos profesionales en funciones administrativas y de asesoramiento, preservando sólo las actividades de seguridad. El texto aún debe pasar por análisis interno antes de su eventual aprobación.

La restricción alcanza a todas las carreras policiales

La propuesta abarca a integrantes de las Forças Armadas y de las carreras policiales previstas en el artículo 144 de la Constitución. Se incluyen policías federales, policías de carreteras federales, policías civiles y militares de los estados, bomberos militares y policías penales federales, estatales y distritales. El sello se aplica a la cesión para actuar en los gabinetes de los ministros, independientemente del origen del servidor.

Sin embargo, la medida hace una reserva para actividades de seguridad. Es decir, la enmienda no impediría que policías y militares siguieran actuando en el STF para garantizar la seguridad de los ministros, servidores y de las instalaciones de la Corte. De esta forma, la protección institucional permanecería intacta, mientras que las funciones de gabinete quedarían restringidas a servidores efectivos del Tribunal.

El texto también determina que los policías y militares no participen en la instrucción de investigaciones o procesos ni ejerzan actividades de asesoramiento jurídico en los gabinetes. Con ello, la propuesta busca separar claramente las atribuciones de seguridad de las actividades técnico-jurídicas, evitando la superposición de papeles.

Retorno inmediato de los cedidos en desacuerdo

La propuesta de Gilmar Mendes prevé además que el presidente del STF determine el retorno inmediato a los órganos de origen de los servidores que actualmente estén cedidos al Tribunal en desacuerdo con la nueva regla. Si la enmienda es aprobada, los actuales cedidos tendrían que dejar los gabinetes y regresar a sus corporaciones, a menos que estén exclusivamente en funciones de seguridad.

Si se aprueba, la enmienda entrará en vigor en la fecha de su publicación. El cambio aún tiene que tramitarse internamente en el Supremo. El texto deberá ser analizado por la Comisión Permanente de Reglamento y, posteriormente, sometido a los demás ministros en sesión administrativa. No hay plazo definido para la deliberación.

Contexto de tensión en el Supremo

La iniciativa se produce en un momento de tensión dentro del Supremo involucrando la actuación de policías cedidos a los gabinetes y la conducción de investigaciones consideradas sensibles. La presencia de estos agentes en funciones de asesoramiento ha generado debates sobre la adecuación institucional y la independencia de las investigaciones.

Los policías que actúan en el gabinete de Mendonça participan en trabajos relacionados con investigaciones consideradas sensibles, entre ellas escrutinios que involucran al Banco Master y el caso de los descuentos indebidos en beneficios de jubilados y pensionistas del INSS. Esas investigaciones están bajo la ponencia del ministro André Mendonça, y la actuación de los policías cedidos ha sido objeto de cuestionamientos.

La presencia de los delegados en el gabinete de Mendonça también provocó divergencias con el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, en relación a la permanencia de los agentes en el Supremo. La fuente no detalló el contenido exacto de las divergencias, pero la propuesta de Gilmar Mendes puede verse como una respuesta a este escenario de fricción.

Próximas etapas e impacto

La propuesta de enmienda del régimen ahora seguirá a la Comisión Permanente de Reglamento del STF. Si la comisión aprueba el texto, se llevará a la sesión administrativa con todos los ministros. La aprobación depende de mayoría simple, conforme a las reglas internas de la Corte.

Si la enmienda entra en vigor, las oficinas del STF dejarán de contar con policías y militares en funciones administrativas y de asesoramiento. Esto podría alterar la dinámica de trabajo de los ministros, especialmente en la realización de investigaciones, que pasarían a ser instruidas exclusivamente por servidores del propio Tribunal.

Para el lector, la medida puede representar un paso hacia la mayor separación entre las funciones de seguridad pública y las actividades judiciales, reduciendo potenciales conflictos de interés. El resultado del trámite interno será seguido de cerca, ya que puede influir en la forma en que el STF lleva a cabo investigaciones sensibles en el futuro.

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