Justicia prohíbe el inicio de la operación comercial de la hidroeléctrica en el río Jaguariaíva por riesgo

La Justicia de Jaguariaíva concedió una intimación que prohíbe el inicio de la operación comercial de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Beira Río, en el Río Jaguariaíva, en la frontera entre Jaguariaíva y Sengés. La decisión responde a una solicitud de la Fiscalía del Paraná (MPPR), a través de la 1a Fiscalía de Justicia de Jaguariaíva, con el apoyo de la Fiscalía de Sengés y del Gaema – Grupo de Actuación Especializada en Meio Ambiente.

La acción fue juzgada tras la identificación de problemas estructurales graves en la presa, que pueden poner en riesgo a la población y al meio ambiente. La prohibición es válida hasta que la seguridad de la estructura sea comprobada ante los órganos competentes.

Ahogamiento y alto riesgo

Las inspecciones del Cuerpo de Bomberos y del Instituto Agua y Tierra (IAT) encontraron un hundimiento de aproximadamente 1 metro de profundidad a lo largo de 40 metros en la cima de la presa, la llamada cresta, además de desplazamiento de la estructura hacia el río.

El embalse está lleno y la presa está clasificada en el Sistema Nacional de Información de Seguridad de Presas (SNISB) con Daño Potencial Asociado (DPA) alto – es decir, en caso de ruptura, puede provocar consecuencias graves para personas, propiedades y meio ambiente en las áreas debajo de la presa.

Irregularidades

Los órganos también constataron intervenciones no previstas en el proyecto aprobado, como instalación de lonas plásticas en la parte superior de la presa y construcción de muros de concreto. También hubo interrupciones en el monitoreo del terreno y la sustitución de piezómetros, equipos que miden la presión del agua.

Según el MPPR, la empresa no comunicó inmediatamente los problemas a las autoridades fiscalizadoras, lo que puede caracterizar incumplimiento de la Política Nacional de Seguridad de Presas (Ley 12.334/2010). El caso llegó a conocimiento de las autoridades tras alerta de residentes de la zona.

Lo que la Justicia ha determinado

Además de impedir la operación comercial, el limiar determinó que la empresa:

- Contrate a un equipo de ingeniería independiente para una auditoría técnica especial en la presa;

- Evalúe la posibilidad de rebajar el nivel del depósito;

- Presentar Plan de Acción de Emergencia (PAE) actualizado;

- Mantenga un monitoreo diario e ininterrumpido del terreno, con envío de boletines diarios al IAT y a Aneel;

- Divulgue información en lenguaje sencillo a la población local.

En caso de incumplimiento, la multa diaria es de R $ 50.000. La justicia también ordenó la notificación del IAT, de Aneel y de la Defesa Civil do Paraná para acompañar las auditorías.

Incumplimiento parcial

En una decisión del 19 de octubre de 2026, la Justicia señaló que la empresa sólo cumplió parcialmente con el requisito. Las medidas se concentraron en las murallas de hormigón, sin el envío completo de información sobre los piezómetros y equipos de monitoreo.

Se dio un plazo de 48 horas para completar los datos. Mientras tanto, sigue prohibido el inicio de la operación comercial de la planta. El reservorio permanece lleno, lo que requiere un riguroso seguimiento.

La acción civil pública continúa en trámite en la Vara Civil de Jaguariaíva.

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