Listas de boicote político en el Paraná son objeto de investigación del Ministerio Público Federal

La circulación de listas con nombres de personas, trabajadores y establecimientos comerciales que serían blancos de boicot por posicionamiento político pasó a ser acompañada por el Ministerio Público Federal (MPF). El órgano solicitó aclaraciones a los Ministerios Públicos del Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul sobre las medidas adoptadas para investigar posibles casos de intimidación y discriminación después de las elecciones.

La solicitud fue enviada por la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano (PFDC), que abrió un procedimiento administrativo para acompañar el problema en la región Sur del país.

De acuerdo con la encuesta del MPF, se están compartiendo listas con nombres de personas físicas y empresas en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Entre los objetivos están trabajadores autónomos, profesionales liberales y comerciantes, señalados por supuesto alineamiento político-partidario.

Las denuncias también implican la exposición de listas discriminatorias en establecimientos comerciales, además de incentivos a boicots económicos e incluso solicitudes de despido de personas por sus posiciones políticas.

En el Paraná, así como en municipios de Santa Catarina y del Rio Grande do Sul, se registraron episodios de vergüenza pública e intimidación relacionados a estas prácticas.

MPF quiere saber qué medidas se han adoptado en el Paraná

En los oficios remitidos a los fiscales generales de los tres estados, la PFDC pide información sobre la apertura de investigaciones para identificar a los responsables de la creación y divulgación de las listas.

El organismo quiere saber si se han instaurado noticias de hecho, investigaciones civiles o procedimientos investigativos criminales para apurar las ocurrencias.

También se solicitó información sobre posibles acciones civiles públicas para reparar daños morales colectivos y recomendaciones destinadas a impedir prácticas discriminatorias en establecimientos comerciales y proteger a las personas afectadas.

Otra petición es que pruebas y conclusiones de las investigaciones estatales sean compartidas con la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano. El material deberá contribuir a la elaboración de un diagnóstico nacional sobre el problema.

PFDC afirma que la libertad de expresión no protege la discriminación

En el documento remitido a los Ministerios Públicos estatales, el fiscal federal de los Derechos del Ciudadano, Paulo Thadeu Gomes da Silva, destacó la gravedad de la exposición de ciudadanos y empresarios en listas de boicot motivadas por convicciones políticas.

Según él, la divulgación de este tipo de material, cuando se utiliza para avergonzar o perjudicar económicamente a las personas, representa una afrenta a los principios fundamentales de la República.

La PFDC también subraya que la libertad de expresión no puede ser utilizada como justificación para alentar prácticas de odio, intolerancia, discriminación o exclusión social.

El documento cita el entendimiento del Supremo Tribunal Federal (STF) de que la garantía constitucional del libre pensamiento no protege actos que promuevan discriminación e intolerancia.

Entre los derechos que pueden ser violados están la dignidad de la persona humana, el pluralismo político, la igualdad, la seguridad y la protección de la imagen.

La Fiscalía también señala posibles violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Con la iniciativa, el MPF pretende acompañar los casos en el Paraná y en los demás estados del Sur, identificar eventuales responsabilidades y reunir informaciones para orientar medidas de protección a los derechos fundamentales. (Las informaciones son de la Secretaria de Comunicación Social de la Fiscalía General de la República)

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