Mendonça manda soltar ex-procurador del INSS preso desde 2025
El ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal, determinó la soltura del ex-procurador del INSS Virgílio, preso desde 2025, y del contador Samuel Crisóstomo del Bomfim Júnior. La decisión contrarió la manifestación de la Procuradoria-Geral de la República y impuso medidas cautelares, como entrega de pasaporte y prohibición de contacto con investigados.

El ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), determinó la liberación del ex fiscal del INSS Virgilio, que estaba detenido preventivamente desde 2025. La decisión también benefició a Samuel Crisóstomo do Bomfim Júnior, contador de la Conafer (Confederación Nacional de Agricultores Familiares y Emprendedores Familiares Rurales). Ambos son investigados en el caso que apura fraudes en descuentos de pensiones y pensiones del INSS.
La medida contravino la manifestación de la Procuraduría General de la República (PGR), que había defendido el mantenimiento de la prisión preventiva. En abril, el ministro ya había remitido a la PGR solicitudes de revocación de prisiones de investigados por fraudes en el INSS. Ahora, Mendonça entendió que la prisión cautelar dejó de ser necesaria en la intensidad previamente verificada.
Medidas cautelares impuestas a los investigados
Además de revocar las detenciones, el ministro determinó que Virgilio entregue el pasaporte y quede prohibido mantener contacto con investigados y testigos del caso. Las restricciones tienen por objeto garantizar la instrucción procesal y evitar interferencias en la recogida de pruebas. La decisión no absuelve a los investigados, pero sustituye la prisión por medidas menos gravosas.
En el despacho, Mendonça escribió: "Esta conclusión no debilita la imputación, no desconsidera los elementos ya producidos y no anticipa ningún pronunciamiento acerca de culpa o inocencia. Sustituir la prisión preventiva significa solamente reconocer que la medida, como instrumento cautelar, ha dejado de ser necesaria en la intensidad anteriormente verificada. No significa absolver al investigado”.
El discurso del ministro refuerza el carácter procesal de la decisión, sin adentrar el mérito de las acusaciones. La PGR, por su parte, se había posicionado por el mantenimiento de las prisiones, indicando divergencia entre los órganos del sistema de Justicia. La fuente no detalló los argumentos presentados por la Fiscalía.
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La investigación apunta a millonarios
Según el informe de la Policía Federal citado por el reportaje, Virgílio y personas cercanas a él recibieron R$ 11,9 millones de Antônio Carlos Camilo Antunes, conocido como "Careca del INSS". El lobista es señalado como intermediario de entidades que habrían sido beneficiadas por el esquema de descuentos irregulares en beneficios del INSS.
El importe, según PF, se habría pasado a lo largo del período investigado, aunque la fuente no detallaba la cronología exacta de los pagos. La Conafer, organización a la que Samuel Crisóstomo do Bomfim Júnior estaba vinculado como contador, figura entre las investigadas en el caso de los descuentos del INSS.
Samuel fue arrestado en la operación Sin Descuento y está entre los 48 investigados acusados por la PF en julio de 2026. La operación desarticuló un supuesto esquema de descuentos no autorizados en beneficios de pensiones, que habría causado daños a jubilados y pensionistas en todo el país.
Repercusión y próximos pasos
La liberación de Virgilio y Samuel se produce en un momento de intensa discusión sobre la duración de las prisiones preventivas en casos complejos. La decisión de Mendonça puede influir en otras solicitudes de revocación de prisiones en la misma investigación, ya que el ministro es el relator del caso en el STF.
Con la revocación, los investigados responderán al proceso en libertad, mediante cumplimiento de las medidas cautelares. La Policía Federal y el Ministerio Público siguen con los recuentos, y nuevas fases de la operación no están descartadas. La fuente no detalló si habrá recurso contra la decisión.
El caso sigue bajo secreto parcial, y los próximos pasos implican el análisis de documentos y testimonios ya recogidos. Se espera que el proceso avance a la fase de alegaciones finales en los próximos meses, aunque no hay plazo definido. La defensa de los investigados no se ha manifestado públicamente hasta el momento.
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Fuente
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Eduardo Gonçalves (oglobo.globo.com)
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