Ponta Grossa establece nuevas reglas para inspección sanitaria de alimentos
Meta description: Ponta Grossa regula la inspección sanitaria de productos de origen animal. Empresas registradas tendrán 180 días para adecuación.
La Prefeitura de Ponta Grossa publicó este martes en el Diario Oficial del Municipio nuevas reglas para la inspección sanitaria e industrial de productos de origen animal. La regulación fue establecida por el Decreto Municipal no 27.050/2026, firmado por la prefeita Elizabeth Schmidt el 3 de noviembre, y abarca establecimientos que trabajan con carnes, leche, huevos, pescados, miel y sus derivados.
La medida regula la Lei Municipal no 15.129, de 11 de junio de 2024, y establece criterios para el funcionamiento, registro, supervisión y control sanitario de los establecimientos que producen o procesan alimentos de origen animal en el municipio.
El objetivo de las exigencias es garantizar condiciones adecuadas de higiene, seguridad y calidad de los productos destinados al consumo de la población.
¿Qué establecimientos serán inspeccionados?
La fiscalización será realizada por el Servicio de Inspección Municipal de Productos de Origen Animal (SIM/POA), vinculado a la Secretaría Municipal de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (SMAPA).
El decreto contempla diferentes actividades del sector alimentario, incluyendo frigoríficos, mataderos, queserías, granjas lecheras, unidades de beneficiamiento de huevos, establecimientos de procesamiento de pescados, productos de abejas y almacenes de almacenamiento.
La regulación también alcanza propiedades rurales que proporcionan materias primas destinadas al procesamiento de productos de origen animal, según los criterios establecidos en el documento.
Las empresas tendrán que cumplir con las exigencias sanitarias
Entre las determinaciones previstas están requisitos relacionados con la estructura física de los establecimientos, conservación de los alimentos, higienización de los equipos y control de los procesos productivos.
Las empresas deberán mantener programas de autocontrol sanitario, con registros que comprueben el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad de los productos.
El decreto también prevé análisis de laboratorio de materias primas y alimentos, incluidos exámenes microbiológicos y físico-químicos. Los establecimientos deberán asumir los costes de los análisis fiscales previstos en la normativa.
Otra exigencia es el registro previo en el Servicio de Inspección Municipal para establecimientos que realizan sacrificio o industrialización de productos de origen animal.
Tras la aprobación, cada establecimiento recibirá un número de registro, que deberá constar en las etiquetas, certificados y sellos de inspección de los productos.
El control puede ser permanente o periódico.
Las inspecciones se realizarán de acuerdo con la actividad desarrollada.
En los establecimientos de sacrificio, la vigilancia tendrá carácter permanente durante las operaciones. En los demás lugares, las inspecciones serán periódicas, con frecuencia definida a partir de criterios técnicos y análisis de riesgo.
El decreto también determina que el servicio municipal actúe en conjunto con otros órganos públicos en el combate a las actividades clandestinas y en las acciones de educación sanitaria.
Las infracciones estarán sujetas a las sanciones previstas en la legislación aplicable, teniendo en cuenta la gravedad y las circunstancias de cada irregularidad.
Plazo de 180 días para la adecuación
Uno de los principales puntos de la regulación es el plazo concedido a los establecimientos que ya tienen registro en el Servicio de Inspección Municipal.
De acuerdo con el artículo 97, estas empresas tendrán 180 días, contados desde la publicación del decreto, para adecuarse a las nuevas disposiciones.
El texto también revoca el Decreto Municipal no 25.900, de 28 de octubre de 2025, que trataba anteriormente de la regulación.
Las nuevas reglas entraron en vigor este martes (10), fecha de su publicación en el Diario Oficial de Ponta Grossa, edición no 4748.
Para los consumidores, la regulación representa el establecimiento de criterios de control sanitario sobre la producción y el procesamiento de alimentos de origen animal, con un enfoque en la seguridad alimentaria y la prevención de riesgos para la salud pública.
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