R$ 22 mil: Servidora y compañero son indiciados por fraude en PG+Humana

La Policía Civil de Ponta Grossa, concluyó formalmente la investigación que apuraba fraudes en beneficios asistenciales en el municipio, vinculados al programa municipal PG+Humana. Los trabajos resultaron en la inculpación de una servidora pública municipal de 37 años y de su compañero de 38 años.

El dúo responderá por la práctica continuada de los delitos de peculado-desvío (artículo 312 del Código Penal) e inserción de datos falsos en sistema de informaciones (artículo 313-A del Código Penal), conductas cuyas penas máximas, sumadas, pueden alcanzar hasta 24 años de reclusión, además de multa.

El programa municipal PG+Humana es una iniciativa orientada a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de familias de extrema vulnerabilidad y en situación de hiposuficiencia económica registradas en el Registro Único (CadÚnico) en Ponta Grossa.

El beneficio consiste en la transferencia mensual de un crédito en la franja de R$ 220,00 por familia destinados a la compra exclusiva de géneros de primera necesidad, alimentos y artículos esenciales. La conducta criminal investigada reviste de especial gravedad por retirar directamente recursos del presupuesto de la asistencia social que deberían proveer la subsistencia de familias carentes del municipio. La dimensión del crimen investigado es evidenciada por el valor total desviado por la sirvienta, de R$ 22.000,21 al erario, importe equivalente al desvío continuado de cerca de 100 parcelas del beneficio, demostrando que la conducta irregular no fue un hecho aislado, sino practicada reiteradas y decenas de veces en perjuicio de personas necesitadas.

Conforme a lo investigado, la investigada ejercía el cargo de educadora social en un Centro de Referencia de Asistencia Social (CRAS) y se valía de las credenciales de acceso restringido a los sistemas administrativos para fraude de registros. Durante el período comprendido entre noviembre de 2025 y julio de 2026, emitía tarjetas del beneficio en nombre de munícipes registrados sin el conocimiento de éstos e, incluso, en nombre de ciudadanos ya fallecidos. Para mantener la liberación continua de los créditos y burlar la fiscalización, la servidora insertaba informes ficticios de atenciones técnicas que nunca se realizaron. De posesión de las tarjetas magnéticas, la investigada y su compañero realizaban compras recurrentes en redes de supermercados acreditadas en la región, adquiriendo alimentos, artículos de consumo personal y electrodomésticos.

El desmantelamiento de la conducta criminal contó con la actuación decisiva de la Fundación de Asistencia Social de Ponta Grossa (FASPG). Por medio de rigurosas auditorías internas y cruce de datos, la administración municipal identificó discrepancias operativas, recogió testimonios de beneficiarios lesionados y efectuó el alejamiento preventivo de la servidora de sus funciones en el CRAS. La documentación técnica producida por el ayuntamiento fundamentó la representación del Delegado de Policía ante el Poder Judicial, que deferió órdenes cautelares de alejamiento del cargo público y de búsqueda y aprehensión domiciliaria en la residencia de la pareja.

Durante el cumplimiento de la orden de búsqueda, la PCPR incautó el smartphone de la servidora. La pericia promovida tras autorización judicial para extracción de datos reveló un robusto acervo probatorio: conversaciones registradas en la aplicación WhatsApp entre los investigados (disponibles en anexo a esta nota) que contenían fotografías de lotes de tarjetas sociales, consultas de saldos en tiempo real, verificación de nombres de beneficiarios y tratos explícitos para el desembolso de gastos particulares de la pareja con fondos públicos.

La materialidad delictiva y la autoría también están cabalmente demostradas en las filmaciones del circuito interno de vigilancia de supermercados de la ciudad (igualmente anexadas). Las imágenes captaron a la pareja operando las tarjetas sociales desviadas directamente en los cajeros, en fechas y horarios que coinciden de forma exacta con los registros de transacción emitidos por el sistema Viasoft Pay.

Convocados para prestar testimonio ante la autoridad policial, los investigados optaron por ejercer el derecho constitucional de permanecer en silencio durante los interrogatorios, rehusándose a responder a las preguntas formuladas sobre los fraudes.

El procedimiento policial fue debidamente reportado y remitido al Poder Judicial y al Ministerio Público del Estado del Paraná para conocimiento y adopción de las medidas apropiadas.

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